Nadie puede negar ya que vivimos en un preocupante contexto de emergencia climática. Si queremos minimizar las consecuencias de esta situación, la sociedad debe cambiar. Las personas debemos hacer un ejercicio de introspección y asumir que todas nuestras acciones cuentan; y que es necesario que sustituyamos o modifiquemos algunos de nuestros hábitos.
Los cambios individuales y las acciones colectivas son importantes e imprescindibles. Pero no debemos pensar que toda la responsabilidad es nuestra, no. Es obvio que no lo hacemos todo “bien”, ni mucho menos, pero hay que empezar a responsabilizar también a los que contaminan y destruyen el medio ambiente de forma continuada y consciente, solo por el beneficio económico.
Me refiero a las grandes prácticas de extracción, como la minería a cielo abierto; o los sistemas de consumo que nos vienen impuestos, basados en el plástico que termina en el fondo marino; o la agricultura industrial, de la cual podemos ver sus efectos directos en el mar Menor, y ganadería industrial, una gran contaminante y la mayor causa de la deforestación del Amazonía.
Todo esto, y más, son ejemplos de “ecocidios” y debemos terminar con ellos. ¿Pero cómo podemos nosotros influir? Pues dando apoyo y promoviendo la “Ley del ecocidio”, la cual pretende convertir estas prácticas en crímenes penales internacionales. El ecocidio pasaría a ocupar el mismo lugar jurídico y ético que el genocidio, los crímenes de guerra o los crímenes contra la humanidad. Con la aplicación de esta ley también se podrán sentar al banquillo de los acusados a los verdaderos responsables, a los grandes poderes que están destruyendo los ecosistemas de forma consciente, solo para su beneficio.
El principal objetivo es que el ecocidio sea reconocido por la Corte Penal Internacional, como un crimen atroz, y se incluya como quinto crimen en el Estatuto de Roma.
Para conseguirlo la campaña “Stop Ecocidio” está trabajando a nivel internacional, en los 123 Estados miembros de la Corte Penal Internacional, para incluir el ecocidio en la conversación global y que esta ley sea una realidad.
Durante los dos últimos años, se ha progresado muy significadamente. El interés por criminalizar el ecocidio es ya un asunto de dominio público a nivel parlamentario y/o gubernamental en Brasil, Bolivia, Bélgica, Chile, Finlandia, Francia, Canadá, Luxemburgo, Países Bajos, España, Suecia, Reino Unido, entre otros países, así como en el Parlamento Europeo, el Consejo Nórdico y la Unión Interparlamentaria.
Debemos conseguir que se ratifique esta ley, que ya debería estar vigente. ¿Y cuál es la forma de conseguirlo? Trabajando, solidarizándonos y luchando juntos.
Y para luchar debéis recordar: ¡Que nadie os robe vuestra sonrisa!
