Dicen que todos tenemos nuestros secretos, y yo no soy una excepción. Hoy me voy a quitar la máscara y contaré uno. Es una historia que tuvo lugar hace muchos años y muy pocos conocen. Tenía previsto llevármela a la tumba conmigo, pero en los últimos meses han sucedido dos hechos que me han impulsado a explicarla: la muerte de Albert Vilalta y la venta de la planta de residuos especiales de Constantí (Tarragona), que se ha concretado de manera oficial esta misma semana.
Ya ha transcurrido más de un año desde la muerte de Albert Vilalta, una persona trabajadora, profesional e independiente, que tuvo el honor de ser el primer conseller de Medi Ambient de la Generalitat. Pues bien, son muy pocos los que saben que en un momento determinado mi camino y el de Vilalta se cruzaron. En aquel momento, fuimos protagonistas de un episodio que acabó con la implantación de la incineradora de residuos (la única de este tipo que existe en España) en el municipio de Constantí.
Pongamos un poco de contexto en estas líneas. A finales de la década de los ochenta, bajo el mando del conseller Joaquim Molins, la Generalitat decidió que era necesario instalar una planta para acabar con los residuos tóxicos y peligrosos (antes no se utilizaban tanto eufemismos) del territorio, teniendo en cuenta que Tarragona albergaba uno de los complejos petroquímicos más importantes del sur de Europa. En un primer momento, el Govern escogió la pequeña población de Forès. La elección se llevó a cabo con un secretismo extremo, y prácticamente nadie era consciente de ello… excepto en el propio pueblo. Y entonces, la ‘bomba’ estalló. En un hecho impensable en ese momento (1990), el helicóptero que transportaba al President Pujol para visitar Forès fue apedreado por los vecinos.
El incidente fue muy sonado (en aquellos años, el President Pujol era mucho President) y a raíz de ello el plan del Govern se vino abajo como un castillo de naipes. Muchos alcaldes convergentes de la zona incluso rompieron su carnet y varios municipios se declararon independientes. En ese clima de tensión, un día recibí una llamada. En aquel momento, yo era el responsable de medio ambiente para todo el país de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vivienda Social de Catalunya y estaba ultimando la puesta en marcha de Mediterrània. Quien preguntaba por mí al otro lado del teléfono era un responsable del recién creado Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Y el mensaje que me transmitió fue muy simple: el conseller Vilalta quería reunirse conmigo para hablar sobre el problema de la incineradora.
Vilalta y yo mantuvimos una reunión (secreta y discreta) en Barcelona. El motivo fue muy simple: él (a diferencia de Molins) tenía muy claro que antes de empezar los contactos para ubicar la planta en un lugar determinado, debía tener garantizado el apoyo de las fuerzas vecinales. En ese sentido, como representante social, yo puse sobre la mesa una serie de condiciones indispensables e innegociables de carácter ambiental y social para que el proyecto pudiese fructificar. Entre ellas, la creación de una comisión de seguimiento, la instalación de una serie de tecnología de última generación para minimizar la emisión de contaminantes y la inclusión de contrapartidas sociales que beneficiarían de manera directa a los vecinos de la población que acogiese el recinto. Todo ello, además, debería ser refrendado antes de convertirse en realidad por asociaciones de vecinos y entidades.
Y así fue. Resumiéndolo mucho (la historia es muy larga y se extendió durante varios meses) la planta fue a parar a Constantí, pero previamente se llevaron a cabo muchas asambleas para que los vecinos sopesasen los pros y los contras. Finalmente, el proyecto contó con el apoyo social deseado y se acabó gestando. Y, lo más importante, todas las condiciones que puse sobre la mesa en la reunión con Vilalta se han cumplido de manera ejemplar durante todos estos años… hasta ahora.
Y es que 20 años después, el proceso de venta de la incineradora se ha realizado de forma opaca y con secretismo, como pasó en el caso de Forès. Y además, se ha liberalizado la procedencia y el tonelaje de los residuos. La Conselleria de Medi Ambient ha vuelto a caer en la trampa, ha vuelto a tropezar con la misma piedra, decidiendo avanzar sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía. No se han dado cuenta de que los tiempos han cambiado, y que lo que hizo Vilalta (un político adelantado a su tiempo) es necesario para que los proyectos lleguen a buen puerto.
En esta cuestión soy tajante, porque me dejo guiar por mi experiencia: no hay que mover un dedo si no existe consenso social. Porque aunque algo sea legal, aunque sea algo que a todo el mundo parezca gustarle (como por ejemplo una fábrica de chocolate, por decir algo), sin el visto bueno del pueblo no funcionará. Seamos inteligentes, y no volvamos a caer en los mismos errores de siempre. Aunque sea bajo el amparo de la legalidad, o incluso bajo la excusa del chocolate.
Ángel Juárez Almendros. Presidente de Mare Terra Fundación Mediterrània y de la Red Internacional de Escritores por la Tierra
